En la República Dominicana antes de todas las iniciativas relativas a la defensa pública, sólo existía el abogado de oficio (102 abogados de oficios en todo el país), quien era empleado del tribunal, dependiente del juez y quienes brindaban una labor mediatizada porque ingresaban tarde al proceso y porque carecían de toda capacitación y supervisión. Existió una experiencia preliminar en materia de defensa pública cuando en el 1993 se implementó un proyecto piloto financiado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia y la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Dicho proyecto concluyó y fue trasladado al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
 
En 1998, al pasar este programa a manos del Comisionado, continuó hasta que por razones presupuestarias y de voluntad política trajeron como consecuencia el despido de todo el personal y desaparición de dicho proyecto. Por lo que, desde que surgió la entonces Oficina Nacional de Defensa Judicial, mediante la Resolución No. 512-2002, de fecha 19 de abril del 2002, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; la cual estableció no sólo la creación de dicha oficina, sino también que la única forma de ingreso de los defensores fuera una concurso de méritos y oposición y la posterior capacitación. Luego de la entrada en vigencia de la Ley No. 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, en fecha 12 de agosto del 2004, dicha ley en su artículo 35 estableció también como una forma de ingreso el someterse a concurso público de méritos y oposición y posteriormente aprobar el programa de formación inicial para aspirantes a defensores públicos. Se eligió tener una forma transparente y única de ingreso a la defensa pública como forma de que los participantes se ganaran a mérito propio su posición dentro de la defensa y no fueran fruto de nombramiento por amistad o compromiso de ningún tipo.

Hoy, luego de 4 años de arduo trabajo podemos afirmar que contamos con un Sistema de Defensoría Pública en el país, al que todos tienen acceso sin restricción alguna. El servicio que brindamos a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) está destinado a tutelar los derechos fundamentales que le son inherentes a las personas en conflicto con la ley. Se trata de cumplir con una obligación del Estado para preservar tanto los derechos humanos como las garantías procesales. Por lo que, la negativa a prestarles oportuna asistencia jurídica, resulta contraria a la Constitución de la República como a los tratados internacionales de los que es signatario el Estado Dominicano.